Aportación a la consulta pública sobre el R. D. en el ámbito de la reutilización de datos


Consideramos que el desarrollo de este borrador de Real Decreto no tendrá un impacto significativo en lograr sus dobles objetivos de impulsar crecimiento económico y creación de empleo, por un lado, y de fortalecer la implicación de los ciudadanos como elemento de lograr una mayor apertura y participación democrática, por el otro.

Por su propia naturaleza jurídica, y tal y como se explicita en su articulado, este Real Decreto no modifica el régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos, centrándose únicamente en el ámbito de la reutilización.

El apartado 1 del artículo 3 se recuerda como únicas causas de denegación de la reutilización de la información aquéllas que se encuentren amparadas en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. Sin embargo, estas incluyen (apartado c) “Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.”

Así, al no contar España, en contraste con la práctica totalidad de países de nuestro entorno, con una legislación sobre libre acceso a la información pública, esa limitación del interés legítimo supondrá, creemos, una barrera insoslayable para el logro de los objetivos expuestos.

Desde Pro Bono Publico valoramos positivamente el apartado 2 del artículo 3, que dispone la puesta a disposición del público de los documentos reutilizables por medios electrónicos, con preferencia en formatos accesibles y procesables automáticamente y en estándares abiertos.

También valoramos positivamente el artículo 4 del borrador de Real Decreto, que tiene por objeto establecer un responsable en materia de reutilización en cada departamento ministerial u organismo vinculado o dependiente de la Administración General del Estado.

En lo tocante al artículo 5, que especifica que las Administraciones y organismos del sector público informarán sobre los documentos reutilizables elaborados o conservados por las mismas, empleando a tales efectos, entre otros, listados, bases de datos o índices de información reutilizable, y que prevé que las Administraciones y organismos del sector público podrán incluir metadatos relativos a la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables en los documentos reutilizables, creemos que el Real Decreto debería prescribir obligaciones más específicas.

Aplaudimos que el borrador de Real Decreto, en la línea de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre que desarrolla, disponga como regla general de aplicación la modalidad más favorable a la reutilización (reutilización sin sujeción a condiciones específicas), que deberá ser la que se siga en la generalidad de los casos.

También aplaudimos que el borrador de Real Decreto favorezca la modalidad realizada con sujeción a condiciones específicas establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables electrónicamente. Dicho esto, creemos que, frente a la posibilidad del establecimiento de licencias-tipo ad hoc específicas en la propia Orden ministerial o Resolución del Presidente del organismo del que se trate, se debería dar más preponderancia al recurso a licencias-tipo existentes denominadas doctrinalmente como “licencias libres”, como puedan ser, las licencias “Creative Commons”, “Licencia Pública de la Unión Europea”, “Licencia de Documentación Libre de GNU”. Desde Pro Bono Publico recomendamos aludir a los requisitos fijados en la “Open Definition” que ha sido desarrollada, entre otros, por la Open Knowledge Foundation”.

No creemos que el intento del artículo 9 apartado 3 por minimizar el impacto negativo sobre el potencial de reutilización de tener que recurrir al procedimiento de solicitud previa establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, vaya a resultar efectivo en la práctica. La mención a “cuando la naturaleza de los documentos así lo exija, por ejemplo, cuando correspondan a archivos no digitalizados”, abre una puerta al bloqueo y/o ralentización (incluso si se obvia la posibilidad denegatoria) de muchos procesos de reutilización que podrían ser emprendidos.

Aplaudimos que, en la línea marcada por la ley que ahora se desarrolla, se asegure la coherencia entre la autorización de naturaleza administrativa de la reutilización de los documentos y la necesaria cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual, cuando sobre el documento recaigan derechos de dicha naturaleza que sean de titularidad de la administración u organismo público correspondiente. Para que esta coherencia fuese plena, nos gustaría la máxima delimitación en el Real Decreto de las posibles excepciones al mencionado régimen general.

También aplaudimos el artículo 12, según el cual en relación con los documentos que contengan datos de carácter personal, se podrá proceder a autorizar su reutilización siempre y cuando se proceda previamente a un proceso de disociación, de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Evidentemente este borrador de Real Decreto, por su naturaleza jurídica subordinada, no entra a regular la delimitación precisa de qué información que contenga datos de carácter personal debe quedar excluida del régimen (hoy no regulado) de libre acceso a la información pública. Esta área una de las que mayor interés dentro del movimiento Open Government Data internacional, y su regulación consideramos que debería ser prioritaria.

Por último, el borrador de Real Decreto no entra a desarrollar el sistema de pagos contemplado en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, al estar la regulación de esta materia reservada a normas con rango de ley. Desde Pro Bono Publico apuntamos que en esa materia debe prevalecer el principio de gratuidad o, en su defecto, el del coste marginal de puesta a disposición. Creemos que cualquier sistema de pagos enfocado desde una óptica recaudatoria comprometería el buen desarrollo de la reutilización de datos públicos en España, así como el logro de los objetivos expuestos es este borrador de Real Decreto.

changed November 25, 2010